2011, el año del cambio político en Alcalá

Existe la mentalidad de creer, por sistema, en la demonización del adversario político. No soy yo de las que piensan así, pero sí soy de las que están convencidas de que en política, las mismas personas no deben mantenerse en el mismo cargo por largos períodos pues la red clientelar creada a su alrededor les deja atrapado.

La situación económica en la que nuestro pueblo se encuentra es una prueba fehaciente de lo que afirmo.

Para el 2011 el Partido Popular quiere para Alcalá de Guadaíra un año de cambios y tengo cerca de 12.000 razones para ello, que no son otros que el número de vecinos que se encuentran en situación de desempleo.

Cuando un programa político se agota y los gobernantes son incapaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos es propio de la lógica democrática que una fuerza política con nuevas ideas le sustituya. Y esto es lo que está ocurriendo en Alcalá, donde se perciben que el futuro de nuestra ciudad está bloqueado.

El cambio político que planteamos desde el PP de Alcalá es una oportunidad para transformar las cosas que no funcionan.

Cada día que pasa es más patente la existencia de dos Alcalá: una oficial totalmente virtual, monopolio de un equipo socialista que teje una tela de araña para que nada se mueva sin el consentimiento del "jefe"; y otra Alcalá que trabaja, que se juega sus ahorros en levantar sus empresas, con sueldos escasos, viviendas a precios inasequibles, con falta de plazas escolares,…

Los socialistas creen que sus ideologías contienen las únicas soluciones, pero detrás de todo ello está el mantener, a cualquier precio el poder.

Desde el Partido Popular de Alcalá defendemos un cambio basado en la eficiencia: menos gastos y más servicios; respeto a la libertad; fomento de la sociedad civil y reducción de la burocracia. Debemos aprovechar al máximo nuestros recursos para hacer más, y más rápido.

Alcalá de Guadaíra se merece nuevas políticas, un cambio comprometido con el futuro y la esperanza.

La base de este cambio está en la confianza en nosotros mismos, en nuestra voluntad y en nuestras capacidades individuales y colectivas de las personas que integramos
el pueblo de Alcalá.

Artículo publicado en la página 5 del número 307 (15-31 de enero 2011) de La Voz de Alcalá. 

Los funcionarios se rebelan

Es posible que muchos ciudadanos no hayan reparado en la situación, cada vez más popular, de la llamada "rebelión de los funcionarios" -según unos- o "crisis de los funcionarios" -según los observadores más agudos-. Basta con reflexionar un poco sobre los hechos que hasta ahora han ido -gota a gota- colmando el vaso de la paciencia funcionarial

En realidad, lo que está pasando revela la poca confianza que tiene el PSOE en todo acontecimiento futuro posterior a las próximas elecciones. Por supuesto, ni pueden ni tienen la menor voluntad de sacarnos de la crisis; de forma absolutamente egoísta e insolidaria han abdicado de sus responsabilidades y se preparan para salvarse de la misma. Mediante el recurso muy poco justificado del decreto-ley en un principio, y posteriormente -debido a la inusitada e inesperada resistencia de los funcionarios- por medio del rodillo parlamentario esperan que los funcionarios acepten porque sí una organización bastante poco clara, tanto en la forma como en el fin, de una parte muy sustancial de la Administración Pública.

La idea se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno socialista pretende transformar la administración mediante la denominada "reordenación" del sector público; esto constituye de hecho una maniobra para proporcionar legitimidad a una administración paralela que los socialistas han ido creando durante todos estos años. Tal es la magnitud de dicha administración, que aunque dadas las circunstancias actuales de crisis lo lógico sería despedir a esos "empleados públicos" que han sido nombrados a dedo y que no han logrado el acceso a su puesto de trabajo por medio de una oposición, el escandalosamente ingente número de los mismos (aunque la cifra está sin confirmar, al parecer se estaría hablando de casi 20.000 personas) hace de la necesidad del despido de esos trabajadores un problema político para el PSOE.

No es difícil entender la justa indignación de los verdaderos funcionarios: es preciso tener en cuenta que al mismo tiempo que esta administración paralela ha ido creciendo, ha aumentado, curiosa, silenciosa, inexplicada e injustificadamente la mala fama del funcionariado por oposición.

Según el decreto, el funcionario podrá optar voluntariamente a convertirse en laboral, quedando entonces en la situación de excedencia "voluntaria", no exenta de ciertas dificultades de reingreso. Cuesta trabajo pensar que alguien que se ha preparado, a veces durante años, una oposición sienta de repente el incontenible deseo de ser laboral.

Además si ciertas funciones de la administración fuesen llevadas a cabo por agencias empresariales en las que trabaja personal contratado a dedo y completamente dependiente de los políticos socialistas, ¿cómo podríamos siquiera pensar que las decisiones que se tomaran y afectasen a los administrados serían imparciales.

Por otro lado, con la entrada de un contingente tan grande de personas en la Administración, las posibilidades de miles de andaluces de poder trabajar en Andalucía para la administración pública como funcionario según criterios de "igualdad, mérito y capacidad" se perderán para siempre.

　

Está claro, finalmente, que con la que está cayendo, esos que dijeron que no había crisis ahora sólo tienen una prioridad: ponerse a cubierto.