Los funcionarios se rebelan

Es posible que muchos ciudadanos no hayan reparado en la situación, cada vez más popular, de la llamada "rebelión de los funcionarios" -según unos- o "crisis de los funcionarios" -según los observadores más agudos-. Basta con reflexionar un poco sobre los hechos que hasta ahora han ido -gota a gota- colmando el vaso de la paciencia funcionarial

En realidad, lo que está pasando revela la poca confianza que tiene el PSOE en todo acontecimiento futuro posterior a las próximas elecciones. Por supuesto, ni pueden ni tienen la menor voluntad de sacarnos de la crisis; de forma absolutamente egoísta e insolidaria han abdicado de sus responsabilidades y se preparan para salvarse de la misma. Mediante el recurso muy poco justificado del decreto-ley en un principio, y posteriormente -debido a la inusitada e inesperada resistencia de los funcionarios- por medio del rodillo parlamentario esperan que los funcionarios acepten porque sí una organización bastante poco clara, tanto en la forma como en el fin, de una parte muy sustancial de la Administración Pública.

La idea se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno socialista pretende transformar la administración mediante la denominada "reordenación" del sector público; esto constituye de hecho una maniobra para proporcionar legitimidad a una administración paralela que los socialistas han ido creando durante todos estos años. Tal es la magnitud de dicha administración, que aunque dadas las circunstancias actuales de crisis lo lógico sería despedir a esos "empleados públicos" que han sido nombrados a dedo y que no han logrado el acceso a su puesto de trabajo por medio de una oposición, el escandalosamente ingente número de los mismos (aunque la cifra está sin confirmar, al parecer se estaría hablando de casi 20.000 personas) hace de la necesidad del despido de esos trabajadores un problema político para el PSOE.

No es difícil entender la justa indignación de los verdaderos funcionarios: es preciso tener en cuenta que al mismo tiempo que esta administración paralela ha ido creciendo, ha aumentado, curiosa, silenciosa, inexplicada e injustificadamente la mala fama del funcionariado por oposición.

Según el decreto, el funcionario podrá optar voluntariamente a convertirse en laboral, quedando entonces en la situación de excedencia "voluntaria", no exenta de ciertas dificultades de reingreso. Cuesta trabajo pensar que alguien que se ha preparado, a veces durante años, una oposición sienta de repente el incontenible deseo de ser laboral.

Además si ciertas funciones de la administración fuesen llevadas a cabo por agencias empresariales en las que trabaja personal contratado a dedo y completamente dependiente de los políticos socialistas, ¿cómo podríamos siquiera pensar que las decisiones que se tomaran y afectasen a los administrados serían imparciales.

Por otro lado, con la entrada de un contingente tan grande de personas en la Administración, las posibilidades de miles de andaluces de poder trabajar en Andalucía para la administración pública como funcionario según criterios de "igualdad, mérito y capacidad" se perderán para siempre.

　

Está claro, finalmente, que con la que está cayendo, esos que dijeron que no había crisis ahora sólo tienen una prioridad: ponerse a cubierto.